CONCENTRACION-EXTRANJERIZACION DE TIERRAS

Autor: 
HERNAN VIUDES
Revista 2010 - Enero 2011

PROMOVEMOS la sancion de una ley para preservar los recursos del territorio nacional evitando el excesivo dominio, posición dominante y cualquier otro supuesto de concentración dominial sobre tierras rurales por las que esos inmuebles queden sometidos a personas extranjeras no residentes.

Concentración-extranjerización de tierras

Por la razón o por la fuerza

Concentración-extranjerización de tierras. El modelo de concentración de la tierra tiene un fundamento ideológico-económico originado a mediados del siglo XIX durante la conformación del Estado-nación, y actualmente se profundiza y complejiza con la extranjerización.

Por Hernán Viudes

La filosofía positivista de la Generación del ´80 sostenía que el “progreso” de la Nación se lograría si previamente se conseguía poner “orden”; así consiguieron apropiarse de las tierras de los pueblos originarios gracias a la intervención del Estado oligárquico,  e implementaron el modelo agro-exportador. “Por la razón o por la fuerza”, como se sintetiza el proceso en la moneda chilena, se desarrolló un modelo pensado para ubicar al país mirando al exterior en beneficio de las élites provinciales ligadas a la exportación de materias primas desde el puerto de Buenos Aires. Como explica la abogada experta en Políticas de Tierras Rurales Florencia Gómez, “las tierras eran de los pueblos originarios, después pasaron a ser del Estado argentino cuando se creó el Estado, e inmediatamente de los particulares”. Hoy, los pobladores originarios que aún viven y trabajan en sus tierras sufren los desalojos de los extranjeros que “vienen”, compran, desmontan el terreno y plantan soja. Con el agravante de que las zonas que eligen son fundamentalmente las más preciadas por los recursos naturales que contienen, especialmente el agua.

 En el siglo XIX los sectores dominantes realizaron un genocidio bautizado por la historia oficial como “La conquista del desierto” y legalizaron la propiedad privada en el Código Civil; hoy esos esquemas de apropiación se repiten: “hay dos maneras de expulsar a los pobres de sus tierras: a través del mercado o por la fuerza”. La especialista explica cómo es el mecanismo legal que les permite a los extranjeros (e incluso nacionales) quedarse con las tierras por más que éstas estén ocupadas: “Hay un título y un modo, que es la posesión, al desdoblarse la propiedad se habilita a que por un lado se transmita el título, aunque los extranjeros no vivan en esas tierras, pudiendo concentrar grandes extensiones, ; y por el otro, quienes trabajan y residen en ellas”. Claro que hay una similitud con lo sucedido con la renta extraordinaria de la tierra durante la discusión por las retenciones; muchos de esos privados no hicieron ninguna inversión económica, sólo se transfirió el título de propiedad,  mientras es el Estado -o sea,  todos nosotros- el que construye caminos, extiende la red de agua potable, medidas que generan una valorización de esos terrenos que beneficia a unos pocos extranjeros. Gómez recuerda que “Avellaneda, en su obra sobre tierras públicas, señala el hecho singular de que en el año 1840, 293 personas poseían la friolera de 3.436 leguas de tierra; y Sarmiento poco más tarde escribía que 52.000 millas cuadradas, esto es tres veces la superficie de Inglaterra, estaban en manos de 825 propietarios”. De inversión nada, simple especulación económica, ahora el dinero lo “ponen” en campos. Así fue lo sucedido, por ejemplo, en El Ceibal, en Santiago del Estero. Es por eso que desde las organizaciones y algunos organismos estatales se trabaja con la idea de que “la posesión es un hecho que da derecho”, y se defiende un concepto más amplio de propiedad, el de la “función social”, que supone que no solamente hay derechos para el propietario, sino también responsabilidades, especialmente con el cuidado del ambiente. Por más que alguien sea dueño de una casa, eso no lo habilita a poner allí un basural.

Si bien las fuerzas no son equitativas, Florencia Gómez explica con qué herramientas cuenta el campesino: “el juicio de usucapión: si podemos probar que tiene 20 años de posesión pública, pacífica y continua, entonces puede reclamar el título”. En Santiago del Estero hay aproximadamente unas 15 mil familias que trabajan sus tierras, muchas de ellas desde hace más de dos décadas, pero por ausencia de regularización dominial –no tienen el título- sufren los intentos de desalojo. El título legal (escritura pública) frente al modo de posesión legítimo: “si la tierra está representada en un papel, se habilita la concentración, la propiedad a distancia y por ende la extranjerización”.

¿Qué sucedió entre aquel armazón legal del siglo XIX y las últimas décadas? Por un lado, la reforma de la dictadura a la Ley de arrendamiento que se había sancionado durante el primer Peronismo. El gobierno de facto, apañado por la Sociedad Rural, derogó gran parte de los artículos de la ley original y constituyó una legislación mucho más permisiva, abriendo el ingreso de inversores financieros y acotando los plazos de arrendamiento a tres años, cuando el consenso general sitúa un piso de cinco años. Se estima que el 70% de las tierras trabajadas son arrendadas, mientras que la media internacional se ubica en el 30%. Con este tema la Mesa puede romper su Enlace si la Federación Agraria sostiene una de sus luchas medulares.

De un encalve militar a otro del menemismo, la reforma de la Constitución Nacional de los ´90, a partir de la cual “se le otorgó a los Tratados Bilaterales de Inversión (T.B.I.) mayor rango que el de las leyes”. Siguiendo con la lógica de hacer funcional el interés del Estado neoliberal al de los particulares, la reforma explicitó que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias, profundizando la descentralización, tal como se hizo en salud y educación. Se sabe que si el Estado se debilita y delega su rol de regulador de la economía en las provincias, crece la desigualdad y los gobiernos locales son más sensibles al tráfico de influencias y a las presiones de las “inversiones extranjeras”. Gomez señala que “afortunadamente, también quedaron insertas cláusulas que reconfiguran la concepción tradicional del derecho de propiedad, debiendo éste ejercerse conforme al interés social (Pacto de San José de Costa Rica, artículo 21.1.: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social...”) y de manera sustentable, además de la incorporación de otro tipo de propiedad, como la propiedad comunitaria indígena, y principios que hacen al crecimiento armónico y equilibrado de la Nación. Aunque a decir verdad, según la Constitución Nacional, los tratados celebrados por nuestra nación no deberían afectar el orden público constitucional (art. 27 de la Constitución Nacional), y por el cual los Estados no pueden celebrar tratados contrarios a sí mismos (principio “ius cogens”).”

Si bien en algunas provincias existe un gravamen a la falta de inversión, otro de los problemas es que no hay un impuesto a la renta potencial de la tierra, de manera tal que se puede ser un gran terrateniente, tener grandes extensiones ociosas y no pagar un peso. “En EE.UU no conviene tener muchos terrenos porque hay que pagar. Si se comparan las áreas urbanas con las rurales en nuestro país, la relación superficie-monto a pagar es irrisoria. Se arregla la ruta 64 que va de Santiago a Catamarca y enseguida empieza a aparecer todo sembrado de soja. Éste es un tema crucial para evitar la concentración, que no salga lo mismo tener tierra que no tenerla.” Otra falencia histórica a corregir es la falta de un registro de propiedad y de catastro de las áreas rurales a nivel nacional. “Hay datos aislados sobre quiénes son los propietarios, hay 24 registros de la propiedad y 24 catastros provinciales”. Argentina necesita un cambio de legislación que contemple la asociación del Estado Nacional con los provinciales y las organizaciones sociales para que no se reiteren casos de extranjerización como el del Lago Escondido, en el que el inglés Joe Lewis y su hijo Charles lograron a través de una ley provincial la desafectación del régimen de reserva provincial, y con ello la privatización total del lago. Según los datos del portal Etnilumidad, los Lewis se hicieron conocidos en esas región en 1997, cuando compraron 14.000 hectáreas de tierra valiosísima entre El Bolsón y Bariloche hasta el límite con Chile, incluyendo Lago Escondido. Además, concentraron unas 15.000 hectáreas que van desde el límite con Chubut hasta Punta Colorada, abarcando 50 kilómetros de costa y 150 de cordillera, consideradas "franja de seguridad" por su valor estratégico y por la riqueza de sus recursos naturales. Lewis es sólo uno entre varios, como Benetton, Ted Turner, Michael Douglas, Sylvester Stallone y la austríaca Maia Swaroski.

La legislación que se viene

Argentina necesita una legislación que, inicialmente, proteja los bienes naturales para la sociedad argentina. Además de la decena de proyectos de ley que están actualmente en discusión en el Congreso Nacional, es necesario que el Gobierno deje en claro su posición en contra de la extranjerización. De hecho, de las distintas propuestas, la de la diputada oficialista Diana Conti sea quizás la más completa: “preservar los recursos del territorio nacional evitando el excesivo dominio, posición dominante y cualquier otro supuesto de concentración dominial sobre tierras rurales por las que esos inmuebles queden sometidos a personas extranjeras no residentes”. El proyecto también incluye la protección de los recursos naturales, su utilización racional y “la preservación del patrimonio natural, cultural y la diversidad biológica”. Asimismo, no podrán concentrar tierras las personas físicas de “nacionalidad extranjera cuya residencia en el país tenga una antigüedad menor a 10 años. (El objetivo) es impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente la soberanía nacional.” Conti estima en “una cifra aproximada a los 17 (diecisiete) millones las hectáreas en manos extranjeras”. Como sucedió con la ley de glaciares, se preservarían y protegerían también los recursos naturales con los que cuenta el país.
Entre los puntos que no están especificados en los proyectos, está el tema de la creación de un registro nacional de la propiedad y de catastro rurales. Que haya otras estimaciones que calculen en “sólo” siete millones las tierras en manos extranjeras, habla por sí solo de lo imperioso de unificar los datos de todo el país. Y quizás lo más preocupante pase por la legalización que contemplaría la ley de la posesión de tierras. En el proyecto Conti se muestra al respecto “en favor de organizaciones no gubernamentales internacionales que acrediten antecedentes reconocidos cuando esos bienes estén afectados al desarrollo de proyectos de conservación y protección de recursos naturales aprobados por las autoridades loales competentes en esa materia”. No hay que perder de vista que algunas “fundaciones u O.N.G.” están subsidiadas por el Departamento de Estado, la C.I.A. o la USAID (Agencia de EE.UU. para el Desarrollo),  y que no hacen otra cosa que injerir en asuntos internos. Bajo el supuesto de seguridad alimentaria, trabajan por la apropiación de los recursos naturales de los países periféricos a favor de las potencias centrales. El Chaco Americano -el 62% del total, unas 630 mil hectáreas pertenecen al Chaco Argentino- es el segundo pulmón del mundo después de la Amazonía, ya enmarcado en la “seguridad alimentaria” mundial. Frente a este paradigma, las organizaciones sociales levantan otra bandera de carácter nacional que, a la vez, contiene y supera aquella, la de la “soberanía alimentaria”. Florencia Gómez grafica esta situación: “Tenemos una invasión preventiva porque tenemos que asegurar el derecho al agua de los habitantes de Suecia. Es un doble giro para entrar en los recursos naturales. La declaración de patrimonio de la humanidad se da porque se han encarecido las tierras”. Ese “doble giro” es un eufemismo que en realidad oculta el interés por nuestros recursos naturales. De hecho, en el proyecto de Conti explícitamente se hace referencia a “la prohibición a extranjeros de constituir derechos reales sobre superficies que nuestra legislación denomina zonas de seguridad de fronteras y zonas de seguridad del interior (…) Se ha procurado proteger las fuentes de materias primas y recursos hídricos y naturales. Tanto los bosques, minerales y humedales, así como la fauna y flora”.

El cuidado de los recursos naturales es parte de una filosofía totalizadora donde a través de la cual las familias campesinas y las organizaciones manifiestan un vínculo con la tierra, un “buen vivir”. El campesino indígena trabaja la tierra por sí mismo o con su familia; a diferencia del pequeño productor que responde a una lógica que tiene que ver con la producción, acá las familias defienden los usos y costumbres comunitarios. En las zonas de pastoreo comunitario, por ejemplo, más allá de que el ganado tenga una marca de su propietario, hay una mixtura entre la propiedad privada individual y la comunitaria indígena. Desde la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se trabaja, en esta línea, en el fortalecimiento de las instituciones con el plan de apoyo técnico, y en el conocimiento de los derechos y la titularización de tierras, buscando reunir nuevamente el título de propiedad con el modo de posesión.

El Estado democrático se diferencia del oligárquico en los intereses que defiende. La protección de nuestras tierras y recursos naturales de la extranjerización es el próximo paso para seguir superando la dependencia económica que nos legaron gobiernos dictatoriales y neoliberales. Es necesaria una legislación que le dé un reaseguro jurídico a la decisión política. Para que la correlación de fuerzas existente haga posible la sanción de una ley, hay que avanzar de a poco, priorizando lo esencial sin perder de vista lo importante. Pero siempre habrá que ir por más, una vez superado el problema de la extranjerización llegará la hora de enfrentar la concentración de la tierra, para poner fin a la que llevan adelante unos pocos argentinos,  en detrimento del resto de la población.